Insisten en que se castigue a ex presidente de la JLCYA de SLP

sam_9017-fileminimizerFotos-texto: Héctor Pech

San Luis Potosí, S. L. P., 9 de enero de 2017

Tras calificar de ‘inédito’ que en el estado de San Luis Potosí ‘todo un Tribunal laboral’ esté implicado en las violaciones al derecho humano de la garantía de acceso a la justicia, el experto en asuntos laborales, Marco Antonio Arredondo Bravo, reiteró su petición de que sean debidamente castigados todos los funcionarios implicados en esas violaciones, principalmente Víctor Parra Beovide, ex presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCYA) potosina.

El también presidente de la organización ‘Por el Respeto a la Justicia’, A. C., confirmó que dentro de los propósitos de que sean castigados los malos funcionarios, en días pasados demandó la destitución de Parra Beovide quien actualmente funge como asesor Jurídico del Ayuntamiento de la Capital potosina, petición que ya ha sido recibida en la Comuna local.

La petición legal está relacionada con el caso de las trabajadoras de las empresas ‘Joaquín Zendejas Constructores’, S. A. de C. V. y ‘Rayco Asociados Constructores’ S. A. de C. V., quienes este 2017 sumarán 13 años sin que se les haga justicia, violando de esta manera no solo sus derechos laborales sino también los humanos, debido al abierto contubernio existente entre autoridades y empresarios.

-Estamos exigiendo, ya no pidiendo, al gobernador del estado de San Luis Potosí, que asuma la responsabilidad del expresidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Víctor Manuel Parra Beovide, porque él fue el que con sus actos, dejó que las dos empresas se allanaran al pago del Laudo Laboral 5798/2005P. Él incurrió en responsabilidad administrativa, además de que hay dos amparos que lo condenan a él y al Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, porque en dichos amparos se declara la responsabilidad de la violación al procedimiento y del retardo en la ejecución del Laudo antes mencionado y la violación al derecho humano de acceso a la justicia. El Pleno y el presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje tienen responsabilidad en todo este procedimiento que a casi trece años las trabajadoras Aurora Gil y González Hernández, María Isabel Rivera Díaz, Sandra María Martínez Medina y Verónica Gutiérrez Gallegos, no han alcanzado el acceso a la justicia por las omisiones y complicidades de altos funcionarios del Gobierno de San Luis Potosí. Hacemos un llamado directo al gobernador, Juan Manuel Carreras López, para que asuma esa responsabilidad administrativa y sobre todo que ejerza la acción penal en contra de este mal funcionario que ya tiene sentencias en su contra. También pedimos que el presidente Municipal de la ciudad de San Luis Potosí tenga responsabilidad y saque del Ayuntamiento a Parra Beovide como director de Asuntos Jurídicos, a efecto de que enfrente estas acusaciones fuera de la esfera gubernamental, que asuma su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que ya se le han señalado y que con fundamento en el Artículo 1 Constitucional, en el que se señala que las violaciones a los derechos humanos tienen que ser investigadas, perseguidas y sancionadas en base a las reformas del 6 de julio de 2011.

sam_9007-fileminimizer“En este caso es suficiente para que el alcalde de la Capital potosina dé de baja a esta persona para que enfrente sus procedimientos penales fuera del Ayuntamiento. Se le está solicitando al gobernador Carreras López que asuma la responsabilidad administrativa no solo de Parra Beovide sino también de todo el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Este es un asunto ‘inédito’ ya que ‘todo un Tribunal’ está involucrado en las violaciones del derecho humano de la garantía de acceso a la justicia lo cual poner a San Luis Potosí en un estado de enorme impunidad y corrupción en sus Tribunales laborales.

“De acuerdo al Artículo 633 de  la Ley Federal del Trabajo, el gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí está plenamente facultado para iniciar el procedimiento de responsabilidad, por lo que estamos exigiendo que el señor gobernador solo cumpla lo que la ley le señala, ordena y faculta, porque ni él ni ningún otro funcionario puede pasar por encima de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la ‘ley madre’ que nos rige a todos los mexicanos, y que está a la par de los tratados internacionales”, detalló el especialista en asuntos laborales.

En este caso –agregó Arredondo Bravo-, no hay que dejar de ver que también hay una violación a los artículos 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; a los artículos 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que México ha suscrito. El señor gobernador no puede allanarse a este procedimiento, por lo que exigimos justicia y con todo respeto le estamos pidiendo que cumpla con la ley.

“Aquí, por ejemplo, dicen una cosa y hacen otra. El pasado 7 de diciembre de 2016 nos entrevistamos con Ángel Castillo Torres, subsecretario de Gobierno, quien me señaló textualmente que iba a ver al secretario de Finanzas a efecto de ‘ver cómo andaban las arcas’ para reparar el daño y cinco días después, el 12 de diciembre, cuando teníamos agendada otra entrevista a efecto de revisar los acuerdos a los que habíamos llegado, ya no dio la cara y solamente se nos entregó un documento en el que se señalaba que ‘el Gobierno del Estado no puede intervenir en un problema obrero-patronal’. En este caso, él está totalmente equivocado y fuera de todo contexto jurídico y legal, porque no estamos pidiendo, esa facultad la tiene la Junta.

“Estamos pidiendo se aplique la responsabilidad administrativa de un ex funcionario que incurrió en omisiones, dilaciones y graves violaciones al procedimiento y a los derechos humanos, que de conformidad al Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, además de los Artículos 78, 79, 95, 96, 97, 98 y 100  de esta misma Ley, ellos tienen que asumir esta responsabilidad ya que están legalmente facultados para ello, porque el Laudo antes mencionado ya no se puede ejecutar”, abundó el experto laboral.

sam_9028-fileminimizerSi el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dejó allanarse a las empresas –enfatizó-, es responsabilidad del multicitado funcionario y no solo es nada más una responsabilidad administrativa, sino que también es una responsabilidad penal que deviene por delitos plasmados en el Código Penal como el ejercicio indebido de la función pública y el abuso de autoridad, que son delitos contra la administración de justicia, y otros más que se deriven, atribuibles a este mal funcionario, que no debe de estar en ninguna institución o dependencia de gobierno. Él debería de estar en estos momentos enfrentando un proceso mediante los Tribunales legalmente establecidos.

“La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí faculta al Estado para reconocer las fallas, deficiencias o faltas administrativas y pagar la reparación de los daños. Esto es lo que queremos, que las trabajadoras alcancen el acceso a la justicia y que se les pague la reparación del daño conforme a la ley y procedimiento de los Artículos 108 y 113 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Estado está facultado para reconocer la responsabilidad administrativa de los malos funcionarios como Parra Beovide”, insistió Arredondo Bravo.

-En el caso de Parra Beovide, ¿se  le premió entonces al ser designado asesor Jurídico del Ayuntamiento?

-Así es, fue premiado porque hay una estela de corrupción e impunidad. También estamos demandando a Miguel Cardoza Mora, ex secretario de Trabajo y Previsión Social, a quien se le hicieron ver todos los procedimientos irregulares que cometió Parra Beovide, él tuvo conocimiento y jamás actuó ni movió un solo dedo. Lejos de esto, lo protegió, lo encubrió y fue omiso y negligente, por lo que también debería de tener un juicio de responsabilidad y no debería de estar ahorita en ningún cargo público. Porque ahorita deberían de estar inhabilitados y enfrentado un procedimiento penal. La clase trabajadora pide que se les aplique la ley.

-En el caso de Cardoza Mora ¿también debería de aplicársele la ley?

-A Miguel Cardoza Mora también se le debe aplicar la ley porque él y todo el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje son responsables. Todo el Pleno laboral está involucrado en violaciones al acceso a la justicia, tal como lo han declarado dos Tribunales Federales, el 3er. Tribunal Colegiado del 9º Circuito de San Luis Potosí, en el Amparo en Revisión 183/2014, y también el Juzgado 6º de Distrito en el amparo 224/2012. También el Juzgado 3º de Distrito ha emitido sendas sentencias en el Amparo 194/2014, en donde se pueden ver todas las violaciones que han cometido tanto el Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, como  el presidente de la mencionada Junta.

“Entonces aquí vemos un ‘concurso ideal’ de violaciones a los derechos humanos por parte de diversas autoridades, por lo cual estamos pidiendo, de acuerdo al Artículo 107, Fracción V, Inciso D, la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva el Amparo 62/2015 en contra del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, del ex contralor General del Estado, del ex director de Quejas e Inconformidades de la Contraloría General del Estado, del ex secretario de Trabajo y Previsión Social estatal, Miguel Cardoza Mora, y de la ex secretaria de la misma Junta, Juana Lara Díaz.

sam_8999-fileminimizer“Este es el procedimiento que estamos llevando a cabo y que por ser un asunto muy grave y trascendental estamos solicitando que sea atraído por la Suprema Corte, con lo que se estaría sentando un precedente en nuestro País y que no se vuelva a repetir este tipo de conductas de malos y nefastos funcionarios en un cargo público en contra de la parte más débil, como lo es la clase trabajadora, a la cual se le están violando y devastando sus derechos laborales constitucionales como los humanos de acceso a la justicia, de retroactividad en las leyes y de igualdad ante la ley. ¿Por qué?, porque esos malos funcionarios torcieron la ley a favor de los empresarios más ricos y poderosos, allanándose al pago para no cumplir el multicitado Laudo laboral”, remarcó Arredondo Bravo.

Aseguró que de este caso ya tiene conocimiento el presidente de la República, el del Senado de la República, los de las Comisiones de Derechos Humanos de ambas Cámaras, así como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Seguiremos insistiendo –remarcó-, hasta que se cumpla con la ley, la cual tiene que existir y aplicarse en el estado de San Luis Potosí, no debe ser violada ni pisoteada más de lo que ha sido objeto hasta ahora por los ex funcionarios, que han sido cómplices, omisos y negligentes, ante el pedimento y el ruego de ese acceso a la justicia.

“Lo que le pedimos al presidente Municipal de la ciudad de San Luis Potosí, es que separe del cargo a Parra Beovide para que enfrente sus procedimientos penales fuera del cargo público que hoy ostenta, debe de ser consciente y saber a qué personas tiene dentro de su Administración, porque tanto él como el gobernador son muy respetables.

“Podemos deducir que esta información les ha sido ocultada por sus subalternos, quienes no le dan la información como debe de ser. Todo esto ha llevado a que el procedimiento haya crecido ‘como la espuma’ llegando a sus actuales límites y ya estamos ante algo que es muy grave”, finalizó Arredondo Bravo.

 

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