ANP denuncia asfixia económica del Gobierno boliviano a diarios independientes

BOLIV2

*La Asociación Nacional de la Prensa advierte un nuevo atropello gubernamental a la libertad de expresión y denuncia que con estas medidas se pone en riesgo la fuente laboral de centenares de personas.

www.paginasiete.bo  / 210816

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), mediante un comunicado a la opinión pública y a las organizaciones internacionales defensoras de las libertades ciudadanas y los derechos humanos, denunció que el Gobierno dispuso la suspensión de la publicidad estatal a los diarios con independencia editorial, y con ello consuma un nuevo atropello a la libertad de expresión y pone en riesgo la fuente laboral de cientos de periodistas, personal administrativo y de talleres de imprenta.

El documento señala textualmente: “Lamentamos que una extendida campaña dirigida a desprestigiar el trabajo responsable de nuestros medios asociados se transforme en una agresión económica a manera de castigo contra el ejercicio de un periodismo alentado por la búsqueda de la verdad.

(…) Los hechos de corrupción, tráfico de influencias y acusaciones que involucran a altos funcionarios cobraron interés informativo porque son actos que comprometen el uso de dinero y bienes públicos, y, por tanto, la ciudadanía tiene el derecho constitucional de ser informada. Por esa consideración, las denuncias no pueden ser atribuidas a una acción planificada por los medios que cumplen su función informativa.

La exclusión de los medios independientes de recibir los anuncios publicitarios estatales vulneran el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2000”.

Qué dice el artículo 13

En su parte pertinente, el artículo 13 señala: La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por ley

 

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