Asesinato de potosino a manos de agentes fronterizos no debe quedar en el olvido

ahdzrSan Luis Potosí, S. L. P., a octubre 11, 2012

El Diputado Filemón Hilario Flores presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como al Congreso de la Unión,  para que coadyuven en la aplicación de la justicia en el caso del potosino Anastacio Hernández Rojas, quien hace más de dos años fue asesinado por agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América.

Hilario Flores consideró que el Gobierno Mexicano debe hacer mucho más que encabezar la defensa y el reclamo de justicia en favor de Anastasio Hernández Rojas, ya puede y debe, convocar a sus pares estadounidenses para analizar los mecanismos idóneos para cumplir con los compromisos asumidos por ambas partes en materia de cooperación ante sucesos de violencia fronteriza.

Asimismo indicó que es necesario priorizar este asunto en la agenda de diálogo bilateral y multilateral de los países, así como buscar un esquema para evitar, en lo posible, nuevos casos de brutalidad policiaca en perjuicio de nuestros migrantes.

El perredista puso énfasis en que no se debe olvidar este asesinato, como  otros que lamentablemente pasan inadvertidos, hasta que no se haya tenido una respuesta, pues al parecer las autoridades en la materia no han querido escuchar el clamor de justicia de la madre de Anastacio Hernández, aún cuando es una obligación de justicia que le compete a nuestras comisiones federales, gobierno estatal y a todos como ciudadanos.

Recordó que María de la Luz Rojas no busca que le resarzan el daño de manera económica, sino que su exigencia es que se finquen responsabilidades contra los responsables de la muerte de su hijo.

De igual manera hizo mención de que desde la anterior Legislatura, la Representación Parlamentaria del PRD ha apoyado a la señora, logrando que  instancias internacionales como Amnistía Internacional, emitiera una recomendación a Janet Napolitano, Secretaria del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, condenando el artero crimen; cosa que no ha ocurrido con las autoridades mexicanas, siendo las primeras en estar obligadas por mandato de ley a hacer lo propio.

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